Alto mando militar en Venezuela: sabuesos de la Doctrina Donroe

 Víctor Mijares

27 de marzo de 2026

En pleno día de júbilo nacional, decretado por el interinato de Delcy Rodríguez a raíz de la victoria de Venezuela ante los Estados Unidos en la final del campeonato mundial de béisbol, se tomaron decisiones trascendentales sobre la estructura militar del país, cuyas consecuencias aún faltan por ver. Uno de los puntos más destacados fue el impacto en el alto mando militar. Si bien es cierto que también se movieron fichas civiles en al menos una decena de ministerios, y que esos cambios dan cuenta del ya abierto desplazamiento de figuras maduristas por miembros de una nueva nomenclatura del emergente “delcyismo”, creo que lo relevante fue, sin duda, el remezón militar.

El aparato militar del chavismo merece atención y no siempre es susceptible de ser analizado con categorías manidas. Sobre eso hemos venido advirtiendo desde hace algunos años, sobre todo cuando se pretendió buscar una reacción militar interna bajo presión externa, a partir de marcos teóricos que no respondían a los cambios políticos del país y, quizá, del mundo. En ese sentido ocurre algo similar a lo que ha pasado con los “transitólogos”, quienes fetichizaron las enseñanzas de la tercera ola de democratización, que coincidió con el final de la Guerra Fría, y se empeñaron —y se empeñan— en aplicar dichas fórmulas hoy sin tomar plenamente en cuenta los grandes cambios globales de los últimos 40 años.

La principal advertencia que debo hacer al respecto radica en la tesis del pretorianismo venezolano. “Quito es un convento; Bogotá, una universidad; Caracas, un cuartel” es una gastada frase apócrifa que se le atribuye a Simón Bolívar y que, si bien ha sido un aforismo útil en distintas etapas de la historia republicana grancolombiana, retrata también parte de una tara académica que ha obstaculizado una mejor comprensión de las relaciones civil-militares de la Venezuela chavista. Eso y el origen castrense del propio Chávez han llevado a pensar que el régimen es, en esencia, militar, mientras su original motivación insurreccional y su sólido fundamento criminal se diluyen.

En Venezuela, el control civil sobre los militares existe, aunque no se parezca al que se ejerce en la democrática y liberal Colombia. Al otro lado de la frontera, ese control no descansa en instituciones de rendición de cuentas ni en una cadena de mando sujeta a supervisión legislativa o judicial (el “control objetivo” de Huntington), sino en algo cualitativamente distinto: la infiltración y desprofesionalización deliberadas de las fuerzas armadas por parte del poder civil chavista. Desde sus inicios, la revolución bolivariana no fue un proyecto militar que colonizó el Estado civil, sino un proyecto civil que desmembró al aparato castrense profesional mediante la ideologización, la fragmentación de los mandos operacionales y la transferencia de capacidades de inteligencia y contrainteligencia desde Cuba, con las fuerzas armadas como objetivo central.

En línea con lo anterior, lo que el 3 de enero confirmó no sólo fue que las cacareadas defensas antiaéreas eran propaganda, sino que la contrainteligencia cubano-venezolana y el modelo de control chavista produjeron unas fuerzas armadas sin capacidad de respuesta convencional y no convencional ante una amenaza externa. De tanto corromperlas e inhabilitarlas para impedirles dar un golpe de Estado, las convirtieron en un apéndice represor sólo efectivo contra civiles desarmados.

Dicho lo anterior, el nuevo alto mando que encabeza el general Gustavo González López (alias “el sabueso”) presenta un elenco de represores curtidos. El propio ministro, que sustituye a Vladimir Padrino López luego de más de 11 años en el cargo y con una recompensa de 15 millones de dólares, dirigió el infame SEBIN durante años de persecución sistemática de opositores, periodistas y activistas. Jesús Rafael Villamizar Gómez, segundo comandante estratégico operacional y sancionado por Washington, tiene un perfil análogo, con una carrera ligada a los aparatos de control interno más que a la conducción de operaciones convencionales. Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, inspector general de la Fanb y también sancionado, es el custodio disciplinario de una institución que él mismo contribuyó a corromper. Así, tres de los nodos más sensibles de la cadena de mando están bajo sanciones activas de la Ofac, de la Unión Europea, de Canadá y de Suiza.

No ocurre lo mismo hacia abajo. Los comandantes de cada componente —el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional y la Milicia— no registran sanciones, al menos por ahora. Creo que esa asimetría no es un descuido, sino una reserva de herramientas que Miraflores y Washington pueden activar o no según el comportamiento de cada actor. Las sanciones perforan la cúspide y los nodos de control institucional, pero parecen dejar un margen deliberado a los mandos operacionales, lo que, en la práctica, ancla a estos últimos dentro de la lógica de los Rodríguez sin comprometer su posición de forma irreversible.

Eso tiene una lectura obvia y otra no tanto. La obvia es que Washington tiene palanca directa sobre la cúpula, que debe cooperar o enfrentar consecuencias ya codificadas en el derecho estadounidense. La menos obvia es que esa misma trayectoria represiva los convierte en instrumentos funcionales para una fase de estabilización que no será tranquila. La apertura que el Departamento de Estado ha presentado es lenta y delicada, y el terreno sobre el que se despliega ya empieza a mostrar fisuras. Las protestas sindicales y estudiantiles ya se están manifestando y, lo que quizá resulte más revelador, sectores del chavismo residual que cada vez creen menos en la supervivencia del proyecto comienzan a expresar su descontento de formas que no responden a la oposición tradicional. Para gestionar ese descontento sin que estalle, Delcy Rodríguez necesitará justamente lo que ya tiene: generales que saben reprimir, que no tienen adónde ir y que entienden que su única salida pasa por ser útiles a quien hoy los tutela.

En ese sentido, este alto mando no ofrece resistencia al Comando Sur. Por el contrario, podría decirse que trabaja para él. Pero esa subordinación no es gratuita ni desinteresada, sino una apuesta colectiva por salvoconductos que los pongan en una situación segura cuando llegue la fase que ninguno nombra en voz alta. Son los ejecutores y protectores de la misión de Delcy, y en esa función encuentran su propia lógica de supervivencia.

Ahora bien, la paradoja no es menor, pues la misma incapacidad para la defensa nacional que quedó expuesta el 3 de enero, combinada con la brutalidad represiva demostrada durante años y la corrupción que los atraviesa de arriba a abajo, los convierte en los instrumentos idóneos para la “Doctrina Donroe” en términos de asegurar la obediencia funcional, el control de activos estratégicos y la contención de flujos que afectan el territorio estadounidense. En otras palabras, y para seguir con los aforismos apócrifos, este, a veces atribuido a T. E. Lawrence y otras a Rudyard Kipling, encaja muy bien: “Para cazar a un lobo afgano se requiere un sabueso afgano”.