Venezuela y la erosión del orden liberal

 Víctor Mijares

31 de enero de 2026

El orden internacional liberal, hoy descrito como en declive bajo la segunda administración Trump, fue un obstáculo para las libertades en Venezuela. Generó incentivos que el chavismo supo aprovechar para prolongarse en el poder y completar su transformación en una estructura criminal. De allí que no sea fortuito que su quiebre coincida con este muy tropical (y aún frágil) “momento Gorbachov”. La erosión de ese orden se expresó concretamente en la operación del 3 de enero y en los acontecimientos posteriores, que han acelerado el abandono de un modelo energético obsoleto y, más espectacular aún, han comenzado a empujar al propio aparato represivo hacia una dinámica de autodesmonte.

Elaboro mi argumento. A finales del siglo XX se consolidó la idea de un orden liberal occidental hegemónico que hacía operativa y legítima la primacía de Estados Unidos y, por extensión, del Atlántico Norte. Desde amplios sectores académicos y políticos surgieron críticas persistentes y, tras las mutaciones posteriores al 11 de septiembre, ese orden adoptó una forma sintética: las instituciones y prácticas liberales permanecieron en pie, mientras ganaban visibilidad actores y proyectos que las desafiaban, como el ascenso chino, el revisionismo ruso o revoluciones iliberales como la chavista. De forma paradójica, el orden liberal terminó volviéndose tolerante frente a amenazas dirigidas contra sí mismo.

Según John Ikenberry, este orden se estructuró como un liderazgo hegemónico con autocontención. Así, una superpotencia dominante organizadora del sistema que limitaba voluntariamente el uso discrecional de su poder mediante reglas e instituciones. De allí emergió una institucionalización robusta, sostenida en organizaciones, regímenes y acuerdos formales que redujeron la incertidumbre y estructuraron la cooperación. En el plano material, el orden descansó en la apertura económica y en una interdependencia efectiva.

Sin embargo, pese al discurso globalizador, en la práctica del primer cuarto del siglo XXI se reforzó la centralidad de la soberanía westfaliana, con el mantra de la “no intervención en los asuntos internos”, otorgando a la territorialidad un lugar privilegiado, en parte por el temor persistente de los regímenes iliberales y sus aliados a las revoluciones de colores promovidas desde Occidente y, con mayor peso aún, a la posibilidad de intervenciones militares directas.

El resultado fue una dinámica doble. Por un lado, la tesis liberal incorporó progresivamente muchas de las críticas formuladas en su contra, impulsadas por su peso en el mundo académico, clave en la formación de diplomáticos y periodistas. Por otro, corrientes abiertamente contrarias al orden liberal aprovecharon esa apertura para legitimarse, beneficiándose de las ventajas que ofrecía el orden realmente existente sin reconocerle crédito alguno.

En ese contexto florecieron regímenes como el chavista. La situación resultó funcional al ofrecer cobertura jurídica internacional suficiente para impulsar transformaciones internas, primero con respaldo popular y, más tarde, mediante el uso sistemático de la fuerza, sin romper formalmente con los principios del orden que se cuestionaba.

Ese equilibrio comenzó a resquebrajarse cuando el inicio del siglo XXI estuvo marcado por intervenciones estadounidenses de gran escala en Eurasia, especialmente en Irak y Afganistán. En ambos casos, el principal garante del orden actuó al margen del marco jurídico que decía defender y lejos de su área natural de influencia. Los halcones de la administración Bush acertaron parcialmente en su diagnóstico del entorno internacional, pero erraron en la lectura del interés nacional estadounidense, al extenderse sin un propósito claro y sin comprender que fórmulas funcionales en el mundo occidental difícilmente podían trasladarse a contextos con estructuras sociales, religiosas y políticas distintas. Entre otros efectos, ello contribuyó a un vacío de poder en el hemisferio occidental, explotado por un proyecto revolucionario que socavó los valores del orden liberal mientras se beneficiaba de su protección jurídica y política.

Tras la muerte de Hugo Chávez, el régimen entró en una fase posrevolucionaria, caracterizada por un relajamiento ideológico y un pragmatismo selectivo orientado a la supervivencia de una estructura cleptocrática. Algunos supuestos, sin embargo, persistieron, especialmente en el plano internacional, como la vigencia de la soberanía territorial clásica y la no intervención externa. En ese marco, Nicolás Maduro subestimó varias señales. Entre ellas, la invasión rusa de Ucrania del 24 de febrero de 2022, que alteró el contexto estratégico global. Sin explicar por sí sola los acontecimientos del 3 de enero de 2026, aquella guerra contribuyó a que las potencias militares percibieran que los límites del orden liberal se erosionaban y que sus críticas empezaban a tener efectos prácticos.

En ese ambiente se produjo el retorno de Donald Trump a la presidencia, con un gabinete distinto, en el que se destaca Marco Rubio. Aunque suele ser catalogado como neoconservador, Rubio se distancia de la generación que acompañó a Bush. Su visión se inscribe, de manera implícita, en una tradición geopolítica estadounidense asociada a Nicholas Spykman, centrada en el control de la periferia y en la primacía del propio hemisferio. A ello se suma su trayectoria como político cubanoamericano, con una mirada persistentemente orientada hacia el sur desde Florida. En paralelo, la difusión del pensamiento geopolítico ruso, en particular la noción del “extranjero cercano”, reforzó este giro tras dos décadas de ocupaciones costosas e ineficaces en Irak y Afganistán.

Hasta el último momento, Maduro pareció asumir que la defensa normativa liberal de la soberanía territorial clásica funcionaría como un disuasivo suficiente, incluso frente a una administración Trump con Rubio a bordo. El sesgo de anclaje operó en su contra, y probablemente también contra las agencias de inteligencia venezolanas y cubanas, al privilegiar información previa y minimizar los cambios relevantes en el entorno estratégico. Esa lectura redujo su margen de maniobra e impidió tomar decisiones pragmáticas que su sucesora está asumiendo.

En consecuencia, considero que la cuestión venezolana no puede entenderse únicamente como una desviación autoritaria interna, sino como el resultado de una interacción prolongada con un orden internacional que, al priorizar la estabilidad y la legalidad formal, redujo progresivamente la capacidad correctiva del sistema interamericano.

Así, la evidencia disponible sugiere que el orden liberal resultó contraproducente para las libertades en Venezuela. Sus valores operaron de forma instrumental para proteger un régimen que los cuestionaba, mientras se beneficiaba de ellos. Por ello, el declive del orden liberal, que genera preocupación en amplios círculos políticos y académicos, no se percibe necesariamente como una desventaja en un caso extremo como el venezolano. En este contexto, su erosión se abre como una ventana de oportunidad para intentar la reconstrucción.