La situación de las trabajadoras con hijos de nuestro
país parece lejos de mejorar. Las gestiones para facilitar la conjugación entre
vida familiar y laboral continúan a la saga de otros avances que son bandera de
los feminismos.
Cuando el movimiento de
género explotó a nivel internacional, en Argentina, podía pensarse que todo lo
relacionado a las mujeres iba a ir copando la agenda pública. Sin embargo,
algunas cuestiones como la IVE, el racconto de femicidios y la ampliación de
derechos para las minorías sexuales, tuvieron mayor visibilidad que otras. Las
mujeres que trabajan y son madres, todavía hoy, no tienen demasiado peso en las
discusiones y los reclamos del universo feminista. Ni la ampliación de la
licencia por maternidad, ni la licencia compartida, ni las guarderías y lactarios
que garanticen el tiempo de lactancia recomendado por la OMS en lugares de
trabajo, vienen siendo relevantes para los activismos de género locales, que
parecen tener que conformarse con los baños inclusivos o el etiquetado “Empresa
segura, libre de violencia y discriminación contra la mujer”.
En términos prácticos, el modelo
de los países primermundistas de los que habitualmente se importan discursos e
ideas, tiene poco asiento en nuestro país. Ya en 1993, Noruega creaba un
sistema de licencias no transferibles para padres, sentando un precedente de
actual discusión en la Unión Europea que ultimó a los países miembros a ampliar
la licencia de varones, con el objeto de que padre y madre tengan, al menos,
cuatro meses cada uno. El gobierno finlandés -por dar otro ejemplo relativo al
vanguardismo de género- destina a cada miembro de una pareja un permiso laboral
pago de casi siete meses y a las embarazadas, un mes adicional. Con sus 12 o 13
semanas de licencia, Argentina no logró equipararse a las 16 de España, ni las
17 de Canadá, países de los que en cambio se calcaron otras políticas
concernientes exclusivamente a la órbita LGTB. Ahora, en el contexto
“anarcolibertario”, no parece legítimo siquiera soñar con un sistema complejo y
detallado como el francés, que adjudica entre 16 y 46 semanas, de acuerdo a la
cantidad de hijos, y otros factores como las familias monoparentales o
adoptivas.
A la luz de la crisis
social, financiera y económica del presente, parece muy difícil que las madres
trabajadoras, asalariadas e independientes, accedan a aquello que no se reclamó
cuando había condiciones presuntamente más favorables.
Beneficiar la continuidad
y el desarrollo laboral de las madres que trabajan no debería ser una
aspiración de dificilísima realización en un país en emergencia, sino una
política consolidada hace tiempo, como los son el cambio de DNI o el matrimonio
igualitario.
*Esta nota es una versión actualizada de un texto del libro GENERO Y POLITICA EN TIEMPOS DE GLOBALISMOS de Nancy Giampaolo, publicado por primera vez por el proyecto editorial NOMOS en 2021.