El proyecto político del presidente Javier Milei, enfocado en la construcción de una sociedad regida por la lógica de mercado, carece -por ahora- de los consensos políticos necesarios para consolidarse como una propuesta sostenible a largo plazo. El gobierno pareciera asumir que la búsqueda de acuerdos podría desnaturalizar su propuesta política y comprometer sus objetivos. Esto lo ha llevado a recurrir a herramientas excepcionales, como los decretos de necesidad y urgencia, e instaurar una lógica confrontativa, impulsando los cambios y transformaciones que cree necesarios sin atravesar las distintas instancias de mediación institucional y representativa del sistema político, ni tampoco recurrir a los canales de diálogo sectorial entre los distintos actores económicos. No obstante, esta estrategia confrontativa enfrenta un dilema crucial: sin un mínimo de consensos básicos, las radicales reformas que el oficialismo impulsa corren el riesgo de quedar estancadas y atrapadas en conflictos que amenazan tanto su viabilidad como su sostenibilidad en el tiempo.
En el ámbito del sistema político, el gobierno adopta una estrategia de mantener acuerdos esporádicos, condicionados por la coyuntura parlamentaria, pero evita realizar esfuerzos para ampliar su base de sustentación e incorporar a otros bloques legislativos a la coalición oficialista. Actualmente, el PRO, liderado por el expresidente Mauricio Macri, se presenta como el principal respaldo en contextos legislativos adversos e, incluso, participa en algunos casos del staff de gestión del Ejecutivo. Desde un comienzo, se especuló en la formación de una coalición, pero Milei se ha mostrado reticente a otorgarle al PRO esa jerarquía y ha evitado cualquier definición formal que clarifique su relación con este sector político. Esta ambigüedad, al no establecerse ningún acuerdo de carácter formal, comienza a generar malestar en su principal aliado, que parece encontrarse insatisfecho con las respuestas del oficialismo a sus peticiones y demandas de integración.
La prolongación de este estado de indefinición podría dificultar la formación de alianzas coyunturales en el futuro, como las que ya se han observado en el Congreso. Por el momento, Macri busca consolidar su liderazgo político, confiado en que el gobierno no podrá aprobar ni resistir iniciativas legislativas sin el apoyo de los legisladores del PRO. En este sentido, resuena la memoria del gobierno de coalición del Frente de Todos, donde el reparto del poder decisional resultó en un desdibujamiento y casi licuación de la figura presidencial, lo que contribuyó al escenario de inestabilidad política generado a partir de la mala gestión y agudizó aún más las disidencias internas ya existentes hacia el interior del pan-peronismo. Milei comprendió el impacto negativo de esa mala experiencia política y rechazó suscribir un acuerdo de integración o de coalición estable, optando por un proceso gradual de desgaste y desdibujamiento del PRO, con el propósito de disolverlo dentro del ámbito del oficialismo de cara a las elecciones legislativas de 2025. Al mismo tiempo, buscó recientemente posicionarse como el verdadero y único antagonista del kirchnerismo, un lugar que anteriormente ocupaba el frente político liderado por Macri, revisitando así la dicotomía dominante en la política Argentina de los últimos veinte años, pero con un reordenamiento distintos de los actores y en un contexto de declive del liderazgo de Cristina Fernández.
Por otro lado, están los gobernadores de las provincias y sus negociaciones con el gobierno nacional. Estas se caracterizan por un enfoque pragmático en la mayoría de los casos, aunque no están exentas de tensiones debido a las diferencias políticas. Frente a la política de reducción del gasto público y achicamiento del Estado, los gobernadores deben hacer frente a las problemáticas económicas y sociales, gestionando las necesidades específicas de sus territorios. Al mismo tiempo, la caída de la actividad económica ha agudizado esta situación, afectando negativamente la recaudación de las arcas provinciales. En este contexto, en las negociaciones prevalece la asignación de presupuesto para aliviar las dificultades financieras y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. A cambio de esto, los gobernadores brindan apoyo parlamentario al gobierno nacional, tanto para bloquear iniciativas de los bloques de oposición como para impulsar la agenda oficial. De esta manera, la baja intensidad opositora y el enfoque pragmático de los gobernadores se explican, en parte, por la necesidad de asegurar el flujo de recursos para sus provincias, sin que esto signifique necesariamente un apoyo político a su gestión.
Al mismo tiempo, la visión de la élite empresarial sobre el gobierno está marcada por un equilibrio entre expectativas y desconfianzas. Por un lado, existe el beneplácito hacia las propuestas de Milei, como la liberalización económica, la reducción de impuestos y la moderación del poder sindical. Sin embargo, también surgen preocupaciones sobre el alcance de estas medidas, especialmente con relación a los niveles de apertura comercial y la posible entrada de nuevos actores extranjeros, lo que podría poner en riesgo la posición dominante de algunos actores en determinadas actividades. Al mismo tiempo, la falta de convocatoria al diálogo sectorial entre los actores sectoriales y la ausencia de un plan económico coherente y bien estructurado generan incertidumbre sobre la viabilidad de sus reformas. Asimismo, la relación de Milei con las centrales obreras se caracteriza por ser tensa y conflictiva, debido a su postura abiertamente contraria a los sindicatos y su rechazo a las estructuras tradicionales del movimiento obrero. Propuestas como la flexibilización laboral y la eliminación de las indemnizaciones por despido son percibidas por las organizaciones sindicales como un ataque directo a los derechos de los trabajadores. Sin embargo, pese a estas tensiones, el gobierno ha logrado abrir algunos canales de diálogo con ciertos sectores de la dirigencia sindical, en un intento por evitar un conflicto frontal que pueda comprometer la gobernabilidad.
El gobierno de Milei enfrenta un escenario complejo para implementar su plan de reformas, cuya viabilidad dependerá en gran medida de su capacidad para construir acuerdos sólidos y sostenibles con los actores clave del sistema político. Sin una base amplia de apoyo legislativo, las reformas corren el riesgo de quedar atrapadas en conflictos internos, lo que incrementaría la incertidumbre sobre su viabilidad. Para lograr estos consensos, el presidente podría evaluar cuidadosamente el alcance de sus propuestas, buscando un equilibrio que le permita alcanzar sus objetivos sin comprometer la estabilidad y la sostenibilidad de su gobierno a largo plazo. Sin embargo, hasta el momento, parece poco probable que se encamine en esa dirección, debido a su rechazo al colectivismo organizacional, tanto en sus dimensiones políticas como económicas, así como a cualquier forma de mediación o intervención institucional.