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La batalla cultural también es económica (y geopolítica)

Esteban Montenegro

1 de abril de 2025

Entre los críticos del Presidente hay un motivo que se repite con frecuencia: considerar que la batalla cultural antiwoke (es decir, antiprogresista) es una mera “pantalla de humo”. Producto de alguna arbitraria importación ideológica, su función consistiría en desviar la atención de los problemas reales del país: los económicos. Por supuesto, de acuerdo a quienes sostienen esto, la economía sería el punto débil del gobierno y, aunque resta ver si esto es así (pues viene superando todas las expectativas en el manejo de la crisis heredada), lo cierto es que algunos eligen deliberadamente confrontar con él en ese terreno. Pero es muy difícil creer que esto responde a una genuina preocupación por el bolsillo de los argentinos cuando viene de los sectores responsables de la debacle social y económica de las últimas décadas. Razón por la cual aquí le otorgamos a esta crítica el honor de ser un auténtico síntoma ideológico. Intentaremos explicar porqué.

Si consideramos que en las últimas décadas se logró institucionalizar la agenda  progresista, no sólo con la creación de reparticiones y organismos especializados de abultado presupuesto, sino sancionando toda una serie de leyes que constituyen un auténtico corpus jurídico en sí mismo, aún vigente, podemos entender fácilmente porqué sus principales impulsores, hoy en la oposición, hacen gala de considerar la discusión de esta agenda algo “secundario” o “irreal”. Digamos más, el aparente “momento conservador” de muchos peronistas que hoy se muestran “incómodos con el progresismo” es tan sólo una contorsión del progresismo mismo, que habiendo cumplido sus objetivos y viéndose amenazado por el avance de las políticas de signo contrario del Presidente, elige correr el eje de una discusión que ya ha perdido, no sólo con Milei, sino con un pueblo harto. Pero esto no significa que la batalla esté saldada o que haya terminado, como afirman algunos. Todavía la mayor parte de las leyes de impronta “woke” o, sencillamente “progresistas”, siguen en pie. De allí que pensemos que la urgencia en “cambiar de tema” tiene que ver con preservar dicho ordenamiento legal vigente y no con lo contrario.

¿Por qué creemos que es así? Primero porque si fuera de otro modo, escucharíamos por parte de la oposición más críticas a los “caballitos de batalla” del progresismo, así como propuestas tendientes a derogar o modificar el corpus jurídico vigente. Y, sin embargo, no escuchamos críticas de fondo al feminismo radical, a la ideología de género, al aborto, al indigenismo, al verso climático, al garantismo, a la inmigración masiva, al discurso pro-drogas, al derecho-humanismo desmalvinizador, etc. Ni siquiera por parte de los que se consideran “críticos del progresismo”. Como si fuera poco, tampoco se muestran contentos de que Milei haga sus propias críticas a todo ello y de que avance en la derogación gradual del andamiaje legal woke.

Pero, en segundo lugar, y aquí viene lo más importante, la crítica o la desconsideración de la agenda antiwoke del gobierno se apoya conceptualmente hablando en la escisión economía-cultura y ello implica el ocultamiento de la naturaleza profundamente económica y geopolítica de la agenda progresista. Agenda cuya implementación no sólo resultó extraña a la mayoría de los argentinos, sino también profundamente dañina, y a un punto tal que proyectada en el tiempo compromete nuestra misma existencia como nación.

¿Por qué decimos esto? Contra lo que declaman la mayor parte de los involucrados en la contienda, de un lado y del otro, esta agenda no sólo tiene que ver con lo que ella misma declara al respecto: con temas de derechos o libertades individuales, es decir, con temas “morales” en sentido abstracto. Cuando analizamos políticamente los discursos, y las posiciones tomadas en torno a ellos, hay que hacerlo no sólo por lo que dicen acerca de sí mismos, sino también por su función en un escenario político más amplio y, sobre todo, por sus consecuencias de orden práctico. En ese sentido no nos interesa, en esta ocasión al menos, hablar sobre los objetos declarados del discurso progre: los derechos de las mujeres y minorías sexuales, culturales y étnicas, la protección del medio ambiente, de las garantías constitucionales y del debido proceso, de los derechos humanos, etc., sino sobre las consecuencias que sus políticas implican, materialmente hablando, para nuestro pueblo:

• El fomento del feminismo, de las identidades y orientaciones sexuales no-reproductivas y, por ende, de una vida “libre de hijos”, puesto que incluso es legal abortarlos, implica la destrucción de la centralidad de la familia como unidad antropológica mínima y esto explica en buena medida la abrupta caída en la tasa de la natalidad de los últimos años.

• El aumento del asistencialismo estatal, sin la exigencia de ninguna contraprestación mínima, redunda a su vez en el crecimiento de una población económicamente deficitaria y sin cultura del trabajo. Algo que a la larga resulta insostenible para las arcas del Estado, la seguridad y la convivencia. Esto supone una carga creciente sobre los trabajadores argentinos, que no gozan de los privilegios otorgados a los que no trabajan (y que en muchos casos son, para colmo, extranjeros).

• Los discursos en torno a la multiculturalidad y la plurinacionalidad que defienden la causa, supuestamente, de los pueblos indígenas han venido funcionando para amparar grupos de presión de tipo clientelar que ocupan tierras a lo largo y ancho del país y legitiman además la política descontrolada de fronteras abiertas con los países limítrofes, lo cual tiene graves consecuencias en términos de control efectivo del territorio y de seguridad, pero también supone un ataque directo a la identidad del pueblo argentino que es cuestionada en favor de una romantizada “patria grande” o del oxímoron de un “nacionalismo de inclusión”, bajo el lema “el argentino nace donde quiere”.

• La homogeneización y el control extranjero y/o burocrático-estatal sobre la genética de los cultivos y animales de cría argentinos, de la mano de las políticas de sojización, impuestos altos y políticas “verdes”, implican dificultar y reducir directamente la producción local y libre de alimentos frescos. Junto a la demonización pública del consumo de carne y demás productos de origen animal con la promoción del vegetarianismo y el veganismo, ello ha contribuido a una peor alimentación y, por tanto, a un peor desarrollo fisiológico e intelectual de nuestro pueblo.

• Los discursos a favor de naturalizar y legalizar las drogas, lo que va de la mano de la promoción de un tipo de vida libre de parámetros normativos de cualquier tipo, vuelve ineptos a muchos jóvenes para desempeñarse socialmente tanto en lo laboral como en lo familiar, destruye su salud mental e inserta a muchos en circuitos de marginalidad y delincuencia común.

• El fomento de la delincuencia a través del discurso garantista instalado en buena parte de la justicia, la política y los medios de comunicación, de la mano de la idealización de la “cultura villera” o su equivalente “latino” o estadounidense, conduce a un declive social, cultural y productivo pues invierte las posiciones de prestigio entre lo más bajo de la escala humana y social, los parásitos, narcos y ladrones, por lo más funcional dentro de la misma, los padres de familia trabajadores y responsables.

• El discurso “derecho-humanista” y “antirrepresivo” atenta, al mismo tiempo, contra el prestigio, y la necesidad de contar con fuerzas de seguridad y fuerzas armadas lo suficientemente grandes, capacitadas y financiadas para cumplir con la misión de defender la vida y la propiedad de los argentinos y la soberanía de la nación, respectivamente. El resultado ha sido una sociedad profundamente violenta y un país en estado de indefensión.

La lista no es exhaustiva, pero al que le parezca que combatir esta agenda se reduce a “mera ideología”, o a consideraciones discutibles de orden moral, se equivoca. Está a la vista que lo más afectado por ella es lo más concreto de todo lo que concierne al interés común de una nación: la cantidad y la calidad de su población, la que constituye su primer activo también desde el punto de vista económico, como bien resaltaba Alberdi cuando nos explicaba que “gobernar es poblar”. ¿Cuál sería la principal razón de ser del Estado si no es asegurar la vida de su pueblo bajo unas condiciones que le permitan desplegar todas sus potencialidades? Parece que la principal razón de ser de la agenda progresista, por el contrario, consiste en poner al Estado a trabajar en contra de la reproducción de la vida del propio pueblo y de sus condiciones mínimas de existencia.

¿A quién beneficia esto? ¿Qué le ha pasado a los partidos políticos tradicionales? El peronismo y el radicalismo, junto a sus desprendimientos y el PRO, conformaron en las últimas décadas una oligarquía que, rotativamente a cargo del aparato de Estado, funciona como correa de transmisión de intereses extranjeros instalados desde “la sociedad civil” y la “comunidad internacional”. Es decir, desde un entramado de ONGs y organismos multilaterales aparentemente independientes, pero financiados y dirigidos desde el exterior. Subrayamos esto porque a nadie beneficia la destrucción de su propio pueblo si no trabaja coordinado con actores externos que le aseguren beneficios especiales. La ruta del dinero de la agenda progresista nos permite comprobarlo.

¿O por qué el CELS, principal think tank progresista recibe dinero de la Embajada Británica, de la Open Society de Soros, de la ONU y de Fundación Ford, entre tantos otros generosos aportantes? ¿Por qué la “Casa del Encuentro”, epicentro del “feminismo popular” en Argentina, recibe financiamiento de la Embajada estadounidense, de la ONU, de IRSA y el Banco Hipotecario, por nombrar algunos? ¿Por qué Fundación Huésped, promotora de la ideología de género, el aborto y el “gobierno de científicos” de Alberto recibe dinero de la Unión Europea, del Banco Mundial, la OMS y el Instituto Nacional de la Salud de los EEUU (NIH)? ¿Por qué la Revista Anfibia, proyecto periodístico familiar del rectorado de la UNSAM, recibía dinero del gobierno estadounidense a través de USAID? Sin pretender ser exhaustivos, la plata progresista en general fluye desde organismos de gobierno extranjeros (USAID, NED, Embajadas), organismos multilaterales (ONU, Banco Mundial, BID, etc.), organismos no gubernamentales (Fundación Ford, Open Society) y/o casas de estudio o sistemas de becas (Fullbright, Erasmus, etc.).

Se podría decir mucho más al respecto, pero baste con estas indicaciones preliminares para el objetivo del presente artículo. El único móvil racional atribuible a esta agenda antieconómica, antisocial y antinacional es geopolítico. Una población sana y cohesionada, que crece, ocupa el territorio nacional y está dispuesto a defenderlo es un obstáculo para aquellos que quieren hacerse de nuestro vasto territorio, rico en recursos y escasamente poblado. Quien honestamente adhiera a la consigna “la patria no se vende” debería denunciar y combatir la agenda progresista, o mejor llamarse a silencio.

Y dígase lo que se quiera sobre el Presidente, su ideología y sus medidas de gobierno, pero es el único que está enfrentando políticamente la agenda progresista, dejando sin efecto algunos de sus aspectos más nocivos, e impulsando medidas efectivas para avanzar en su derogación. Gran parte de su popularidad se explica por ello. La defensa del interés nacional no siempre coincide con un discurso o una ideología que se presenta como “nacionalista”. Pero, ¿qué es más importante?